retrato de Manuel Zelaya source: http://www.flickr.com/photos

Un golpe militar que ha destituido al presidente de Honduras Manuel Zelaya "es un claro asalto a la democracia y a los derechos y libertades civiles del pueblo hondureño", dice Lizzette Robleto, la Coordinadora de Incidencia de Progressio para Latinoamérica.

El domingo (28 de junio) una lucha de poderes en Honduras llegó a un clímax dramático cuando 300 soldados llegaron a la casa del Presidente Zelaya amenazándole con dispararle si no se rendía. El Presidente, junto a otros miembros de su gobierno, han sido exiliados a Costa Rica.  El golpe militar fue orquestado por el ejército hondureño junto con poderosos grupos económicos y políticos.

Lizzette Robleto comentó: "Las acciones llevadas a cabo por los militares y sus aliados no son propicias para construir una sociedad fuerte y participativa. Es importante que se mantengan los derechos humanos, y que se tomen medidas de protección para evitar actos represivos, represalias y violencia contra las personas que se oponen al golpe".

La BBC describió la situación en Honduras como "la mayor crisis política en Centroamérica en años" y la comunidad internacional ha condenado rotundamente el golpe que se considera ilegal.  La Unión Europea dio voz a su condena en un comunicado que pedía que el Presidente Zelaya y su gabinete fueran restaurados en el poder y que pedía a los militares que se abstuviesen de ejercer la violencia.

"Esto puede tener un impacto considerable en la paz y estabilidad de la región y el país”, dice Lizzette Robleto. 

Progressio lleva trabajando con contrapartes locales en Honduras 40 años, retando las estructuras de gobierno que mantienen a la gente en la pobreza y mejorando la sostenibilidad ambiental.